La mandataria justificó el beneficio el 5 y 7 de agosto; el 12 presentó el expediente 25.703 para eliminarlo, incluso a actuales beneficiarios.
SAN JOSÉ, COSTA RICA.— La presidenta Laura Fernández presentó el 12 de agosto un proyecto para eliminar el régimen especial de pensiones de los expresidentes, apenas una semana después de haber justificado públicamente ese beneficio en dos ocasiones. La iniciativa, expediente 25.703, va más allá de impedir nuevas pensiones: pretende que quienes ya las reciben dejen de percibirlas desde la entrada en vigor de una eventual ley.
El giro ocurre después de que Fernández defendiera el régimen el miércoles 5 de agosto y nuevamente el viernes 7. En la primera ocasión argumentó que la Presidencia tiene características particulares y que el ingreso posterior ayuda a un exmandatario a mantener un nivel de vida sostenible y enfrentar dificultades para reincorporarse laboralmente. Dos días después sostuvo que no se oponía a que un expresidente que necesitara esa pensión pudiera recibirla.
Este miércoles, sin embargo, la mandataria pasó a sostener que cada persona debería recibir únicamente la pensión correspondiente al régimen para el cual cotizó y ordenó presentar el nuevo texto ante la Asamblea Legislativa. El expediente quedó registrado el 12 de agosto y, al cierre de esta revisión, figuraba como presentado y pendiente de asignación a comisión.
Dos defensas del beneficio en una misma semana
La primera señal del cambio se produjo después de una votación legislativa. El 4 de agosto, los cuatro integrantes del oficialista Partido Pueblo Soberano en la Comisión de Asuntos Sociales votaron contra el expediente 24.793, impulsado originalmente por diputados del Frente Amplio para eliminar el régimen especial. El resultado fue un dictamen negativo de mayoría.
Al día siguiente, Fernández defendió la lógica del beneficio. Su planteamiento fue que ejercer la Presidencia supone condiciones distintas a las de otros cargos y que el ingreso posterior podía funcionar como reconocimiento y protección para quien deja el poder.
El viernes 7 de agosto volvió sobre el asunto durante una actividad en La Guácima de Alajuela. Allí explicó que una de las razones históricas para otorgar la pensión era reducir el riesgo de que un gobernante favoreciera a grupos económicos mientras estaba en el cargo a cambio de oportunidades laborales posteriores. También dijo que no se oponía a que un expresidente que necesitara el beneficio lo aprovechara.
Cinco días después de esa segunda intervención, Fernández presentó una propuesta para suprimir el régimen.
El expediente 25.703 también eliminaría pensiones ya otorgadas
El proyecto denominado “Cero Tolerancia a las Pensiones de Lujo de los Expresidentes de la República” consta de dos artículos y propone derogar tanto el capítulo de la Ley 7302 que regula estas pensiones como la Ley 313 de 1939.
Su alcance es mayor que el de una eliminación únicamente hacia futuro. El artículo 1 dispone que los expresidentes y causahabientes que ya sean beneficiarios dejarían de percibir la prestación desde la entrada en vigor de la ley. En adelante, solo podrían acceder a una pensión del régimen público al cual hayan contribuido y después de cumplir sus requisitos de edad y número de cuotas.
El régimen actual establece una prestación mensual equivalente al ingreso de una persona diputada, incluyendo dietas y gastos de representación, financiada con cargo al Presupuesto Nacional. El propio proyecto reconoce que se trata de un beneficio que no depende de cotizaciones específicas realizadas por el expresidente para financiar esa prestación.
La exposición de motivos calcula en aproximadamente ₡5.469 millones los pagos acumulados consignados para los exmandatarios vivos incluidos en su cuadro, con Carlos Alvarado y Rodrigo Chaves reportados en cero. Esa cifra proviene, según el documento, de datos de Contabilidad Nacional.
La propuesta anterior aplicaba otra fórmula
El expediente 24.793 del Frente Amplio también pretendía eliminar el régimen para futuros expresidentes, pero adoptaba una solución diferente para quienes ya tenían reconocido el beneficio.
Ese texto proponía suspender las pensiones vigentes cuando el beneficiario tuviera otros ingresos superiores a tres salarios base o recibiera determinadas pensiones contributivas. La propuesta incorporaba esa salvaguarda precisamente ante antecedentes constitucionales sobre derechos ya consolidados.
El nuevo expediente del Ejecutivo, en cambio, plantea cesar completamente los pagos futuros de la pensión especial incluso para quienes ya la reciben, sin exigir la devolución de los montos cobrados anteriormente.
Ese contraste explica por qué el debate legislativo no se limitará a determinar si Costa Rica debe conservar o eliminar el beneficio. También deberá resolver hasta dónde puede llegar una nueva ley respecto de pensiones que ya fueron reconocidas.
Rodrigo Chaves firma el proyecto: su posición actual no es contraria a la iniciativa
Hay otro elemento relevante para precisar el alcance político del anuncio. El documento presentado por el Ejecutivo no respalda la afirmación de que la nueva iniciativa sea contraria a la posición actual de Rodrigo Chaves.
En la última página del expediente 25.703 aparecen las firmas de Laura Fernández, Rodrigo Chaves —en su condición de ministro de Hacienda— y la ministra de Trabajo y Seguridad Social, Mercedes Flores Badilla. Por tanto, Chaves es formalmente cofirmante del proyecto que busca eliminar el régimen.
Sí existe un contraste con posiciones públicas anteriores del exmandatario. En enero de 2026, Chaves dijo que evaluaba no cobrar su futura pensión o destinarla a una organización de bien social y defendió entonces la existencia internacional de este tipo de prestaciones, sin anunciar la eliminación del régimen.
La situación actual, por ello, refleja principalmente un giro respecto del criterio que Fernández expresó dos veces durante la semana anterior y una alineación del Ejecutivo detrás de un nuevo proyecto firmado también por Chaves.
La constitucionalidad será uno de los puntos centrales
El mayor interrogante jurídico está en la eliminación de las prestaciones que ya fueron reconocidas.
El Ejecutivo anticipa esa discusión en la propia exposición de motivos. Su tesis es que el derecho a una pensión no equivale necesariamente a un derecho a mantener inalterable para siempre su monto o condiciones, y cita jurisprudencia constitucional relacionada con modificaciones, contribuciones y restricciones aplicadas a regímenes de pensiones.
La interpretación no es pacífica. El abogado constitucionalista Marvin Carvajal señaló a AmeliaRueda.com que el artículo 34 de la Constitución y precedentes de la Sala Constitucional podrían impedir eliminar por completo derechos patrimoniales ya consolidados, aunque sí sería posible establecer nuevas contribuciones o modificaciones bajo determinadas circunstancias.
Por eso, no puede afirmarse todavía que el proyecto sea inconstitucional ni que sea plenamente constitucional. Esa controversia deberá resolverse durante el trámite legislativo y, eventualmente, mediante control de constitucionalidad si el texto avanza.
Qué ocurre ahora en la Asamblea Legislativa
El expediente 25.703 inicia su recorrido legislativo desde cero. Al 13 de agosto figura como presentado, todavía con comisión pendiente, mientras el Frente Amplio ha pedido al Gobierno retomar la iniciativa 24.793 que ya había avanzado en el Congreso.
El debate tendrá ahora tres dimensiones: si debe desaparecer definitivamente la pensión automática para futuros presidentes; qué hacer con quienes ya poseen el derecho reconocido; y cómo explica el oficialismo el cambio ocurrido después de que sus diputados rechazaran días antes una propuesta con el mismo objetivo general.
Lo confirmado hasta ahora es que Fernández pasó de justificar públicamente el beneficio el 5 y 7 de agosto a presentar el 12 de agosto un proyecto para eliminarlo. También está documentado que la nueva iniciativa cuenta con la firma de Rodrigo Chaves, por lo que el contraste con él corresponde a posiciones anteriores y no a la postura formal que sostiene actualmente en el expediente.
Supervisión Editorial: María Quesada, Editora en Jefe | CRN Mundo
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