Líderes de Barrio 18 aseguran que apoyaron electoralmente a Bukele a cambio de beneficios. Gobierno responde con descalificaciones, no con desmentidos.
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SAN SALVADOR, El Salvador — Dos líderes históricos de la pandilla Barrio 18 aseguraron en una reveladora entrevista con El Faro que jugaron un papel crucial en el ascenso político de Nayib Bukele, desde su paso por la alcaldía de San Salvador hasta la presidencia del país. Las declaraciones reavivan sospechas de un pacto oculto entre estructuras criminales y funcionarios del actual gobierno.
Carlos Cartagena, alias “Charli”, cabecilla de la facción Revolucionarios del Barrio 18, afirmó: “Un 75%, un 80% del poder de Bukele se lo debe a las pandillas”. Según su relato, entre 2015 y 2019 existieron acuerdos que incluían beneficios penitenciarios a cambio de respaldo electoral, especialmente en territorios donde las pandillas ejercen control social.
A esas acusaciones se sumó “Liro Man”, otro alto mando pandillero, quien explicó que miembros de su grupo presionaron directamente a familias para que votaran por Bukele. “Si no había esa clase de presión al pueblo, Nayib no hubiera estado en ningún lugar”, declaró.
Las entrevistas, realizadas por los periodistas Óscar y Carlos Martínez en una ubicación secreta, exponen además a dos altos funcionarios: Carlos Marroquín, director de Tejido Social, y Osiris Luna, viceministro de Justicia y director de centros penales. Ambos fueron sancionados en 2021 por el Departamento del Tesoro de EE. UU. por supuestos acuerdos clandestinos con MS-13 y Barrio 18.
Frente a las graves revelaciones, el presidente Bukele no negó ni abordó los hechos directamente. En su cuenta de X (antes Twitter), escribió: “Un país en paz, sin muertos (…) no es rentable para las ONG de derechos humanos, ni para medios globalistas”, insinuando intereses económicos detrás de las denuncias, pero sin referirse a El Faro ni a los testimonios.
Según Cartagena, el presunto pacto colapsó en 2022, luego de que el gobierno no cumpliera con lo prometido. Ese mismo año, una escalada de violencia dejó 87 muertos en un solo fin de semana, lo que impulsó el inicio del régimen de excepción vigente desde entonces.
Estas declaraciones podrían tener implicaciones legales y diplomáticas serias para el Ejecutivo salvadoreño, sobre todo si se demuestra que se promovió o toleró el uso de estructuras criminales con fines electorales.