EE. UU. implementa prohibición de ingreso a ciudadanos de 12 países tras orden ejecutiva de Trump, alegando razones de seguridad nacional.
Washington, EE. UU. – La administración del presidente Donald Trump activó desde la medianoche una prohibición inmediata de ingreso a ciudadanos provenientes de 12 países, retomando una controvertida política migratoria aplicada en su primer mandato. La medida, anunciada como respuesta a un reciente ataque terrorista en Colorado, busca limitar la entrada de personas provenientes de naciones que, según la Casa Blanca, representan un alto riesgo para la seguridad nacional.
Esta nueva orden ejecutiva revive tensiones sobre la política migratoria estadounidense, en especial en un contexto donde la retórica antimigratoria ha vuelto a cobrar fuerza. La Casa Blanca afirma que esta acción es fundamental para proteger al país de potenciales amenazas derivadas de sistemas gubernamentales colapsados o naciones en conflicto bélico.
Los países afectados incluyen a Afganistán, Birmania, Chad, Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen. De acuerdo con Trump, estas naciones no garantizan procesos confiables de verificación de antecedentes para sus ciudadanos que desean ingresar a territorio estadounidense.
La decisión ha generado duras críticas de organismos internacionales y figuras políticas. “La amplitud de la nueva prohibición de viaje genera preocupación desde la perspectiva del derecho internacional”, declaró Volker Turk, alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.
El detonante principal fue un ataque ocurrido en Boulder, Colorado, en el que un ciudadano egipcio, presuntamente con visa vencida, arremetió contra manifestantes judíos. “El reciente ataque terrorista ha subrayado los peligros extremos que representa la entrada de ciudadanos extranjeros que no están debidamente verificados”, argumentó Trump en un video difundido en X.
En la misma orden ejecutiva, también se anunciaron restricciones parciales para ciudadanos de Cuba, Venezuela, Burundi, Laos, Sierra Leona, Togo y Turkmenistán. A estos países se les permitirá emitir ciertos visados temporales, principalmente de trabajo, bajo condiciones especiales.
Trump advirtió que la lista podría ampliarse dependiendo de la evolución de amenazas internacionales. “Otros países serán incluidos si el panorama global lo exige”, indicó el mandatario republicano.
No obstante, la medida contempla excepciones significativas. Atletas clasificados al Mundial de Fútbol de 2026 o a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 no serán afectados por la prohibición. Tampoco lo serán diplomáticos de los países incluidos en la lista, según aclaraciones posteriores del Departamento de Estado.
Desde el Congreso, las reacciones no se hicieron esperar. Legisladores demócratas tildaron la política de “xenofóbica” y “discriminatoria”. La congresista Yassamin Ansari, de ascendencia iraní, expresó: “Conozco el dolor que inflige la cruel y xenofóbica prohibición de Trump porque mi familia lo sufrió de primera mano. Lucharemos contra este veto con todo lo que tenemos”.
El caso de Mohamed Sabry Soliman, el atacante de Colorado, reavivó el debate sobre el sistema migratorio. Entró con visa de turismo en 2022 y solicitó asilo, aunque las autoridades confirmaron que su permanencia era ilegal. Sin embargo, Egipto no figura en la lista de países vetados, lo que ha generado cuestionamientos sobre la consistencia del criterio aplicado.
Entre los argumentos oficiales está la incapacidad de algunos gobiernos para validar pasaportes, como sucede en Afganistán, Libia y Yemen. Asimismo, Irán fue incluido por ser considerado un “estado patrocinador del terrorismo”.
El impacto de esta orden se extiende más allá del ámbito migratorio: plantea interrogantes sobre la política exterior estadounidense, las relaciones multilaterales y el respeto al derecho internacional. También podría tener implicaciones en el panorama electoral estadounidense, donde Trump continúa perfilándose como figura dominante del Partido Republicano.
La medida podría enfrentarse a batallas judiciales, especialmente si se considera que muchas disposiciones recuerdan al veto migratorio de 2017, el cual fue cuestionado legalmente hasta alcanzar la Corte Suprema.
Con la seguridad nacional como bandera, el gobierno de Trump vuelve a implementar políticas de línea dura que profundizan las divisiones políticas dentro y fuera de EE. UU., dejando claro que la inmigración seguirá siendo uno de los temas centrales de su agenda electoral.
