El avance de resorts privados en Jamaica reduce el acceso público a las playas y afecta a comunidades costeras, pescadores y derechos históricos local
La expansión de resorts en
Jamaica reduce el acceso público a las playas, dejando a comunidades locales
fuera de espacios clave para su cultura y sustento.
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| El crecimiento de complejos turísticos en Jamaica ha reducido el número de playas de libre acceso para residentes locales. |
Ocho Ríos, Jamaica.— Lo que durante generaciones fue un bien común para pescadores, familias y comunidades costeras en Jamaica se ha convertido en un privilegio restringido. La venta de tramos del litoral a promotores privados y cadenas hoteleras ha limitado severamente el acceso de los propios jamaiquinos a sus playas, en un contexto de auge turístico sin precedentes y crecientes tensiones sociales.
La transformación silenciosa del
litoral jamaiquino
La costa de Jamaica, conocida
mundialmente por sus aguas turquesas y arenas blancas, ha experimentado en las
últimas décadas una transformación profunda y silenciosa. Espacios que antes
servían como puntos de pesca, recreación comunitaria y transmisión cultural han
sido progresivamente cercados, vallados o convertidos en playas de acceso
restringido.
Un caso emblemático es Mammee
Bay, en la costa norte de la isla. Hasta mediados de la década pasada, era un
punto habitual para pescadores artesanales y familias de comunidades cercanas
como Steer Town. Sin embargo, en 2020 el terreno fue vendido a un promotor
privado para el desarrollo de un complejo turístico y residencial de lujo,
acompañado por la construcción de muros que impiden el paso a los residentes
locales.
Situaciones similares se repiten
en distintos puntos del país, donde el acceso tradicional al mar ha sido
interrumpido en cuestión de días, alterando prácticas que se remontan a
generaciones. Para muchos habitantes, el cambio no solo implica una pérdida
recreativa, sino la ruptura de su vínculo cotidiano con el entorno natural.
Turismo récord, acceso mínimo
para los locales
El cierre progresivo de playas
contrasta con el crecimiento sostenido del turismo. En 2024, Jamaica recibió
una cifra récord de 4,3 millones de visitantes internacionales, consolidándose
como uno de los destinos más demandados del Caribe. No obstante, este auge no
se traduce en un acceso equitativo a los beneficios ni a los recursos
naturales.
De los más de 1.000 kilómetros de
costa que rodean la isla, apenas el 0,6 % permanece como playa pública de libre
acceso para los residentes, según datos recopilados por organizaciones locales.
En zonas altamente turísticas como Montego Bay u Ocho Ríos, los espacios
abiertos al público se cuentan por unidades.
Además, aunque el turismo genera
alrededor de US$4.300 millones anuales, solo una parte de esos ingresos
permanece en la economía local. El modelo dominante de resorts “todo incluido”
concentra el gasto dentro de complejos privados, reduciendo la interacción
entre visitantes y comunidades y limitando las oportunidades para pequeños
negocios jamaiquinos.
El marco legal que facilita la
privatización
Gran parte del conflicto tiene
raíces en una legislación heredada del período colonial británico. La Ley de
Control de Playas de 1956 establece que el Estado es propietario del litoral y
que no existe un derecho público automático de acceso a playas o zonas costeras
sin autorización.
Esta norma permite al gobierno
conceder o vender derechos sobre extensiones del litoral a actores privados,
incluidos promotores inmobiliarios y cadenas hoteleras internacionales. Aunque
legal, su aplicación ha sido objeto de críticas por no contemplar los usos
tradicionales ni el impacto social sobre las comunidades costeras.
Abogados y activistas señalan que
esta legislación, vigente desde hace casi siete décadas, no refleja las
necesidades actuales del país ni los estándares internacionales de acceso a
bienes naturales, y se ha convertido en una herramienta clave para la exclusión
de los propios ciudadanos.
Comunidades costeras y medios de
vida en riesgo
Para los pescadores artesanales,
el cierre de playas no es una cuestión simbólica. El acceso al mar es esencial
para botar embarcaciones, reparar redes y vender pescado fresco. La pérdida de
puntos tradicionales de atraque obliga a recorrer mayores distancias o
abandonar la actividad, con efectos directos sobre la economía familiar.
En comunidades como las cercanas
a Roaring River o Little Dunn’s River, la venta de terrenos circundantes a
empresas privadas ha bloqueado el acceso no solo al mar, sino también a ríos
utilizados para el baño, la pesca y actividades turísticas comunitarias como el
rafting.
Líderes locales advierten que el
aislamiento progresivo de las comunidades respecto a su entorno natural acelera
procesos de desintegración social. La ruptura de prácticas compartidas debilita
los lazos comunitarios y pone en riesgo la transmisión de conocimientos
tradicionales ligados al mar y la costa.
El surgimiento de la resistencia
legal y social
La respuesta organizada comenzó a
tomar forma en 2021 con la creación del Movimiento Ambiental por el Derecho a
la Playa de Jamaica (JaBBEM, por sus siglas en inglés). Desde entonces, el
colectivo ha impulsado acciones legales, campañas públicas y movilizaciones
para visibilizar el problema.
Actualmente existen al menos
cinco procesos judiciales en curso relacionados con playas emblemáticas, entre
ellas Mammee Bay, Providence Beach y Bob Marley Beach. En estos casos,
residentes y organizaciones buscan garantizar el acceso público y cuestionar la
legalidad de nuevos desarrollos turísticos.
Los demandantes sostienen que,
más allá de la letra de la ley, el Estado tiene la obligación de proteger el
interés público y los derechos culturales y económicos de las comunidades
afectadas. Los fallos pendientes podrían sentar precedentes relevantes para el
futuro del litoral jamaiquino.
Inversiones extranjeras y presión
inmobiliaria creciente
El conflicto se intensifica en un
contexto de expansión inmobiliaria. De cara a 2030, se prevé la construcción de
unas 10.000 nuevas habitaciones hoteleras en Jamaica, muchas de ellas ubicadas
en primera línea de costa. Grandes proyectos en Montego Bay y otras zonas
turísticas prometen impulsar la economía, pero también restringir aún más el
acceso al mar.
Cadenas hoteleras internacionales
y fondos de inversión han aprovechado el marco legal existente para adquirir
grandes extensiones del litoral. Aunque estas inversiones generan empleo y
divisas, críticos señalan que el modelo prioriza el beneficio privado sobre el
uso colectivo de los recursos naturales.
La tensión entre desarrollo
económico y derechos comunitarios se ha convertido así en uno de los
principales debates del país, con implicaciones que trascienden el sector
turístico.
Impacto cultural y simbólico del
cierre de playas
Más allá de lo económico, el
acceso a las playas tiene un profundo significado cultural en Jamaica. El mar
forma parte de la identidad nacional, de la música, la gastronomía y las
tradiciones espirituales, incluidas las de comunidades rastafaris
históricamente asentadas en zonas costeras.
En lugares como Bob Marley Beach,
el cierre o la amenaza de privatización es percibido como una agresión directa
a la memoria colectiva. Para los residentes, la playa no es solo un espacio
físico, sino un punto de encuentro, resistencia y expresión cultural.
La pérdida de estos espacios
genera una sensación de exclusión que contrasta con la imagen internacional de
Jamaica como destino abierto y acogedor, y alimenta un creciente malestar
social.
Escenarios futuros: reforma o
profundización del modelo actual
El futuro del acceso a las playas
en Jamaica depende en gran medida de decisiones políticas y judiciales aún por
resolverse. Una posible derogación o reforma de la Ley de Control de Playas
podría abrir la puerta a un reconocimiento explícito del derecho público de
acceso al litoral.
Sin embargo, si el modelo actual
se mantiene, activistas advierten que la proporción de playas públicas podría
seguir reduciéndose, aumentando la dependencia de pagos de entrada o permisos
privados para acceder al mar.
En paralelo, algunos sectores del
turismo promueven alternativas de desarrollo más inclusivas, basadas en hoteles
de propiedad local, integración comunitaria y acceso compartido a los recursos
naturales. Su expansión podría ofrecer un equilibrio entre crecimiento
económico y justicia social, aunque su alcance aún es limitado.
Por Carlos Medina | Editor Internacional | CRN Mundo | Ocho Ríos
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