Laura Fernández, presidenta electa en Costa Rica, dijo que termina la Segunda República y habló de una Tercera tras el fin del bipartidismo histórico.
Laura Fernández declaró el fin de
la Segunda República y habló de una Tercera República al explicar que el
bipartidismo quedó atrás en Costa Rica hoy
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| La presidenta electa explicó que su referencia a una “Tercera República” alude al fin del bipartidismo tradicional, no a un cambio automático del marco constitucional. |
SAN JOSÉ, COSTA RICA.— La
presidenta electa Laura Fernández Delgado afirmó que el país entra en
una “Tercera República”, tras el colapso del bipartidismo histórico. Sus
declaraciones reabrieron el debate sobre el alcance institucional y político
del cambio. El mensaje llega en un contexto de fragmentación legislativa y
expectativas de reforma. El impacto, advierten analistas, dependerá de cómo se
traduzca en políticas públicas y acuerdos.
El alcance político de una
declaración simbólica en el discurso de victoria
Durante su discurso de triunfo
electoral, Laura Fernández habló del “fin” de la Segunda República y del inicio
de una Tercera. La frase, de alto contenido simbólico, no implica por sí misma
una ruptura constitucional inmediata ni la derogación del marco institucional
vigente. En sistemas democráticos consolidados, este tipo de declaraciones
suelen expresar un cambio de ciclo político más que una transformación jurídica
automática.
Fernández precisó al día
siguiente que se refería al agotamiento del modelo bipartidista que dominó la
política costarricense por décadas. Según su explicación, la alternancia concentrada
entre dos fuerzas dejó de representar a una sociedad más diversa y exigente. El
mensaje, en ese sentido, busca marcar distancia con prácticas del pasado y
presentar su mandato como una etapa de renovación.
No obstante, especialistas
subrayan que el peso real de la afirmación dependerá de las acciones concretas
del nuevo gobierno: reformas, nombramientos, prioridades legislativas y
capacidad de diálogo. Sin cambios verificables, el concepto de “Tercera
República” quedaría en el terreno retórico.
Qué fue la Segunda República y
por qué sigue siendo un referente histórico
La Segunda República costarricense se consolidó tras la guerra civil de 1948 y la promulgación de la Constitución de 1949. Ese periodo sentó las bases del Estado social de derecho, abolió el ejército y fortaleció instituciones clave como la educación pública y la seguridad social. Durante décadas, el país fue considerado un referente democrático en la región.
En el plano político, ese modelo
se expresó a través de un sistema bipartidista estable, encabezado por el
Partido Liberación Nacional (PLN) y el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).
Entre ambos, llegaron a concentrar mayorías amplias en la Asamblea Legislativa
y a alternarse el poder ejecutivo.
Sin embargo, con el paso del tiempo
surgieron críticas sobre clientelismo, desgaste institucional y dificultades
para responder a nuevas demandas sociales. Escándalos de corrupción y la
aparición de fuerzas emergentes fragmentaron el escenario político. En ese
contexto, la Segunda República dejó de ser vista solo como un logro histórico y
pasó a ser, para algunos sectores, un ciclo agotado.
El colapso del bipartidismo y la
fragmentación del poder legislativo
Uno de los ejes del mensaje de
Fernández fue el fin del dominio de dos partidos sobre el Parlamento. En los
últimos procesos electorales, ninguna fuerza ha logrado mayorías contundentes,
y la Asamblea Legislativa refleja una pluralidad inédita de bancadas. Esto ha
obligado a negociar cada proyecto y ha reducido el margen de acción unilateral
del Ejecutivo.
La presidenta electa interpreta
esta fragmentación como una señal de madurez democrática y de apertura a nuevos
liderazgos. Sostiene que el acceso a cargos públicos debe basarse en méritos y
no en estructuras partidarias tradicionales. Esa lectura conecta con el
malestar ciudadano frente a las élites políticas históricas.
Aun así, la dispersión del poder
también implica riesgos. Sin acuerdos sólidos, las reformas estructurales
pueden estancarse. La llamada “Tercera República” enfrentará el desafío de
convertir la diversidad política en gobernabilidad efectiva, evitando bloqueos
que profundicen la desconfianza ciudadana.
Modernización del Estado y
promesa de movilidad social
Fernández vinculó su narrativa de
cambio con una agenda de modernización del país. En entrevistas posteriores,
destacó la necesidad de ampliar oportunidades laborales y de desarrollo
personal, apelando a su historia familiar como ejemplo de movilidad social. El
mensaje apunta a una Costa Rica más inclusiva y competitiva.
La presidenta electa afirmó no
querer “una Costa Rica pobre y otra requete pobre”, subrayando la urgencia de
reducir brechas sociales. Sin embargo, hasta ahora no se han detallado
políticas específicas ni plazos concretos para alcanzar esos objetivos. La
credibilidad de la propuesta dependerá de la coherencia entre el discurso y las
decisiones presupuestarias.
En términos económicos, la
modernización suele implicar reformas complejas: educación, empleo, innovación
y sostenibilidad fiscal. Cada una requiere consensos amplios en un Congreso
fragmentado. La expectativa social es alta, pero el margen de maniobra política
será determinante.
Límites institucionales y la
Constitución vigente
Pese al lenguaje de “fin” e
“inicio” de una nueva república, Costa Rica mantiene intacto su orden
constitucional. Cualquier cambio profundo —como una nueva Constitución—
requeriría procesos formales, mayorías calificadas y, eventualmente, una
asamblea constituyente. Hasta ahora, Fernández no ha planteado oficialmente ese
escenario.
Desde el punto de vista jurídico,
la Segunda República no termina por una declaración política. Continúa mientras
rija la Constitución de 1949 y el entramado institucional asociado. Por ello,
analistas recomiendan interpretar el concepto de Tercera República como una
metáfora política más que como un hecho consumado.
El propio discurso de la
presidenta electa reconoce la solidez democrática del país. Habla de corregir
lo que “ha salido muy mal” sin desconocer los logros históricos. Esa
combinación sugiere continuidad institucional con aspiraciones de reforma, no
una ruptura abrupta.
Tensiones tempranas y el rol de
los órganos de control
En medio de este nuevo ciclo,
Fernández pidió públicamente a Marta Acosta dejar la Contraloría General
de la República. La solicitud generó debate sobre la relación entre el
Ejecutivo entrante y los órganos de control. La Contraloría es una institución
autónoma clave para la fiscalización del gasto público.
Hasta el momento, no se ha
confirmado que exista un proceso formal para remover a la jerarca, ni que la
petición tenga respaldo legal inmediato. Expertos advierten que cualquier
intento de presión indebida podría tensar el equilibrio institucional y afectar
la percepción internacional del país.
Este episodio ilustra uno de los
desafíos de la llamada Tercera República: impulsar cambios sin debilitar
contrapesos democráticos. La confianza de los mercados, de la ciudadanía y de
los organismos internacionales depende, en gran medida, del respeto a esas
reglas.
Por Carlos Medina | Editor Internacional | CRN Mundo | San José
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