Venezuela solicita ante la ONU la liberación inmediata de Nicolás Maduro y Cilia Flores tras su detención en Estados Unidos.
Venezuela
pidió ante la ONU la liberación inmediata de Nicolás Maduro y Cilia Flores,
detenidos en EE.UU., y denunció violación soberana.
El canciller venezolano expuso el caso ante delegaciones internacionales.
Ginebra,
Suiza.— El gobierno de Venezuela solicitó este lunes ante
el Consejo de Derechos Humanos de la ONU la liberación inmediata de Nicolás
Maduro y su esposa, Cilia Flores, detenidos en Estados Unidos desde hace más de
un mes. La petición fue presentada por el canciller Yván Gil, quien denunció
una supuesta violación de la soberanía venezolana. El caso ha elevado la
tensión diplomática entre Caracas y Washington y abre un nuevo frente en el
debate internacional sobre jurisdicción y derecho internacional.
La solicitud
formal de Venezuela ante la ONU
Durante
su intervención en el Consejo de Derechos Humanos, el ministro de Relaciones
Exteriores de Venezuela, Yván Gil, exigió la liberación inmediata del
“presidente constitucional” Nicolás Maduro y de la primera dama Cilia Flores.
Gil
sostuvo que la detención constituye una vulneración del derecho internacional y
reiteró que el gobierno venezolano apuesta por la vía diplomática y la
cooperación entre Estados bajo el principio de igualdad jurídica. La
declaración se produjo en la sede europea de Naciones Unidas en Ginebra, en una
sesión con delegaciones de múltiples países.
La intervención buscó posicionar el caso en la agenda multilateral, trasladando el debate del ámbito judicial estadounidense al terreno político y diplomático global.
El
proceso judicial abierto en Estados Unidos
Maduro
fue presentado ante la justicia estadounidense el 5 de enero, dos días después
de su captura. En esa audiencia inicial se declaró no culpable de los cargos
relacionados con presunto tráfico de drogas. Además, afirmó considerarse un
“prisionero de guerra”, una calificación que no ha sido reconocida por las
autoridades judiciales de Estados Unidos.
El
proceso se desarrolla bajo la legislación federal estadounidense, lo que limita
la influencia directa de organismos multilaterales. Hasta el momento, no se han
anunciado decisiones definitivas sobre el calendario del juicio.
Desde
Washington no se ha informado sobre cambios en la situación legal de Maduro ni
de Flores. El caso permanece en etapa judicial.
El nuevo
escenario político en Caracas
Tras la
salida de Maduro del poder en enero de 2026, la presidencia fue asumida por Delcy
Rodríguez, quien se desempeñaba como vicepresidenta desde 2018.
El
gobierno actual ha intentado proyectar estabilidad institucional mientras
impulsa una agenda de reconciliación interna. En ese contexto, fue promulgada
una ley de amnistía que, según el Ejecutivo, busca facilitar procesos de
diálogo.
Sin
embargo, sectores críticos han señalado que la norma excluye a algunos miembros
de fuerzas militares y policiales, y que no cubre todo el período político
iniciado en 1999 durante la presidencia de Hugo Chávez.
Sanciones
y medidas coercitivas en el centro del discurso
En su
intervención, el canciller venezolano también exigió el cese de las “medidas
coercitivas unilaterales”, en referencia a sanciones impuestas por Estados
Unidos en años anteriores.
Caracas
sostiene que dichas sanciones han afectado la economía nacional y generado
consecuencias sociales. Washington, por su parte, ha defendido estas medidas
como herramientas de presión política.
El debate
sobre sanciones vuelve así a entrelazarse con el caso judicial de Maduro,
reforzando la dimensión geopolítica del conflicto.
Implicaciones
para el derecho internacional
El
llamado de Venezuela ante la ONU coloca el foco en la discusión sobre
jurisdicción extraterritorial y soberanía. Mientras Caracas denuncia una
violación de principios internacionales, el proceso en Estados Unidos se
fundamenta en legislación interna y en acusaciones formales.
Expertos
en derecho internacional señalan que la intervención de organismos
multilaterales en procesos judiciales soberanos suele ser limitada, salvo que
existan resoluciones específicas o medidas cautelares.
En este
caso, la ONU no ha emitido hasta ahora un pronunciamiento vinculante sobre la
detención.
Impacto
regional y reacciones internacionales
El caso
ha generado reacciones en distintos bloques políticos y diplomáticos. Algunos
gobiernos han expresado preocupación por la estabilidad regional, mientras
otros mantienen silencio a la espera de la evolución judicial.
La
situación también podría influir en las relaciones bilaterales entre Caracas y
Washington, así como en el equilibrio político en América Latina.
A nivel
económico, el desenlace del proceso podría incidir en negociaciones energéticas
y comerciales que involucran a Venezuela.
Escenarios
futuros posibles
En el
plano hipotético, el proceso podría derivar en varias rutas: una resolución
judicial dentro de Estados Unidos, un eventual acuerdo diplomático o la
prolongación del litigio en tribunales federales.
Cualquier
escenario dependerá de decisiones judiciales y de la evolución de la presión
diplomática internacional.
Por
ahora, la solicitud formal presentada por Venezuela ante la ONU representa un
intento de internacionalizar el caso y reforzar su narrativa sobre soberanía y
derechos humanos.
Por Laura Méndez | Editora Internacional | CRN Mundo | Ginebra
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