Pandillero salvadoreño revela pactos secretos entre el gobierno de Bukele y las maras

Testigo en EE. UU. asegura que Bukele pactó con pandillas para bajar homicidios.

Testimonio de pandillero ante justicia de EE. UU. vincula al gobierno de Nayib Bukele con pactos secretos con las maras.

 

Washington, EE. UU. – Una impactante declaración judicial ha reavivado las sospechas sobre posibles negociaciones entre el gobierno de El Salvador, liderado por Nayib Bukele, y estructuras criminales. Un testigo protegido, identificado como exlíder de la Mara Salvatrucha (MS-13), aseguró ante un tribunal en Nueva York que existieron pactos entre altos funcionarios del Ejecutivo salvadoreño y cabecillas pandilleros.

 

El testimonio fue presentado en el marco de un juicio federal en Estados Unidos contra miembros de la MS-13 acusados de terrorismo y crimen organizado. Según el testigo, los acuerdos incluían beneficios carcelarios, reducción de operativos y supuestas concesiones para mantener bajos los índices de homicidios a cambio de apoyo político.

 

El exlíder relató con detalle cómo se habrían producido reuniones en centros penales salvadoreños entre representantes del gobierno y líderes pandilleros durante los primeros años del mandato de Bukele. “Hubo comunicación directa y se respetaron ciertos términos. Si se rompía el acuerdo, volvían los asesinatos”, dijo bajo juramento.

 

Las revelaciones coinciden con investigaciones previas del medio El Faro, que ya había documentado presuntas negociaciones entre el oficialismo y las pandillas como parte de una estrategia de seguridad no oficial.

 

Por su parte, el gobierno salvadoreño ha negado reiteradamente cualquier tipo de pacto con estructuras criminales, y ha enmarcado sus políticas en el éxito del llamado “Régimen de Excepción”, implementado en 2022 para combatir el crimen.

 

Este nuevo testimonio amenaza con generar presiones internacionales sobre la administración Bukele, particularmente ante organismos defensores de derechos humanos y entidades estadounidenses que vigilan el uso de fondos en el Triángulo Norte de Centroamérica.