Corte Plena decidirá si remite a la Asamblea la acusación penal contra Rodrigo Chaves por caso BCIE.
Corte Plena analizará si remite a la Asamblea acusación contra Chaves por caso BCIE.
San José, Costa Rica — La Corte Plena del Poder Judicial recibió la acusación formal del Ministerio Público contra el presidente Rodrigo Chaves Robles, relacionada con el caso del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), en el cual se le vincula con un presunto delito de concusión.
La acusación fue trasladada por la Sala Penal a la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia tras concluir su análisis. Ahora, serán los magistrados quienes decidirán si envían el expediente a la Asamblea Legislativa, con el fin de que el Plenario determine si procede el levantamiento de la inmunidad presidencial. Este paso es indispensable para que se habilite una causa penal formal contra el mandatario.
La discusión del informe será en sesión privada, conforme a lo establecido por la normativa judicial vigente, ya que la Corte Plena actúa como tribunal en estos procedimientos. Por el momento, no se ha definido la fecha en la que se celebrará esta sesión.
La Fiscalía General señala que el presidente habría incurrido en concusión, delito que se configura cuando un funcionario utiliza su posición para exigir o inducir la entrega de beneficios económicos indebidos. En este caso, se investigan presuntas irregularidades en un contrato de consultoría adjudicado por el BCIE al productor Christian Bulgarelli.
Según la acusación, Bulgarelli habría entregado $32 mil dólares para la compra de una vivienda a Federico Cruz, alias “Choreco”, exasesor presidencial y persona cercana a Chaves. La Fiscalía sostiene que este pago fue producto de un contrato marco con el BCIE, del cual Bulgarelli era beneficiario y Cruz el receptor indirecto del supuesto soborno.
Federico Cruz ya enfrenta una causa penal bajo el número 25-000044-0033-PE. El Ministerio Público analiza si el vínculo entre él y el presidente Chaves jugó un papel determinante en la obtención del beneficio económico investigado.
Si los magistrados remiten el caso al Congreso, este deberá decidir si levanta la inmunidad al presidente. La Constitución establece que se necesitan al menos 38 votos afirmativos para que proceda este trámite, paso previo para abrir un juicio penal contra un mandatario en funciones.
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