Jubilación en Nicaragua bajo polémica: exiliados denuncian bloqueo de pensiones tras desnacionalización y trabas del INSS estatal.
Opositores
exiliados denuncian bloqueo de jubilación en Nicaragua tras retiro de
nacionalidad y trabas impuestas por el INSS estatal.
La polémica por la jubilación en Nicaragua impacta a opositores que residen fuera del país.
MANAGUA,
NICARAGUA.— La jubilación en Nicaragua se ha convertido en un
nuevo foco de controversia tras denuncias de opositores exiliados que aseguran
haber quedado sin acceso a sus pensiones. Los afectados sostienen que, tras ser
despojados de su nacionalidad y declarados “traidores a la patria”, también
enfrentan el congelamiento de cuentas y la imposibilidad de cobrar lo cotizado
durante décadas. El impacto alcanza a cientos de adultos mayores fuera del país
y abre un debate sobre derechos adquiridos y obligaciones del Estado.
Jubilación
en Nicaragua bajo presión política
La jubilación
en Nicaragua, que por ley corresponde a quienes cumplan la edad y semanas de
cotización exigidas, ha sido denunciada como un instrumento de presión contra
opositores que abandonaron el país tras la crisis sociopolítica iniciada en
2018.
Entre los
casos más visibles figura el de la periodista y feminista Sofía Montenegro,
quien salió hacia Costa Rica en febrero de 2023 luego de ser despojada de su
nacionalidad junto a otros 93 opositores. Un mes después, al intentar verificar
el pago de su pensión, encontró sus cuentas bancarias congeladas y sin fondos.
Según
testimonios recogidos por organizaciones de derechos humanos, la suspensión de
pagos no responde a una notificación formal pública, sino a la imposibilidad
práctica de realizar trámites desde el extranjero y al bloqueo financiero
posterior a las sanciones políticas.
El papel
del INSS y los requisitos presenciales
El
Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) establece que la jubilación
en Nicaragua puede solicitarse a partir de los 60 años, siempre que se hayan
cotizado al menos 750 semanas.
Sin
embargo, el proceso debe iniciarse de manera presencial y requiere documentos
oficiales vigentes emitidos en territorio nicaragüense, como cédula de
identidad actualizada y certificaciones notariales. Para quienes han sido
desnacionalizados o no pueden regresar al país por temor a represalias, estos
requisitos resultan, en la práctica, imposibles de cumplir.
Organizaciones
civiles denuncian que, aunque la ley contempla poderes notariales, en la
práctica funcionarios del sistema previsional exigen la presencia física del
solicitante. Además, no existe un mecanismo digital o consular habilitado para
tramitar pensiones desde el exterior.
Denuncias
de “castigo transnacional”
El
Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más sostiene que la exclusión del
sistema previsional forma parte de un patrón más amplio que califican como
“castigo transnacional”.
De
acuerdo con sus estimaciones, cerca de 800.000 nicaragüenses han salido del
país desde 2018, y aproximadamente un 20% estaría en edad de jubilación.
Además, unas 450 personas han sido despojadas de su nacionalidad en procesos
considerados políticos por organismos internacionales.
En
septiembre de 2025, el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua
(GHREN) publicó un informe en el que documenta la extensión del aparato
represivo más allá de las fronteras nacionales. Entre los señalamientos figura
la denegación arbitraria del derecho a pensión para personas que ya habían
adquirido ese beneficio tras años de cotización.
Derechos
adquiridos y debate jurídico internacional
Especialistas
en derechos humanos subrayan que la jubilación en Nicaragua constituye un
derecho adquirido una vez cumplidos los requisitos legales. Desde esta
perspectiva, su suspensión por motivos políticos podría interpretarse como una
violación de compromisos internacionales en materia de derechos económicos y
sociales.
El
informe del GHREN describe que la privación de nacionalidad y la eliminación de
documentos oficiales generan lo que las víctimas llaman “muerte civil”, al
impedir trámites básicos como acceso a servicios bancarios, propiedad y
pensiones.
La
discusión jurídica gira en torno a si el Estado puede condicionar el acceso a
beneficios previsionales al estatus migratorio o político de la persona,
especialmente cuando las cotizaciones fueron realizadas durante años bajo el
marco legal vigente.
Impacto
social en adultos mayores exiliados
El efecto
inmediato recae en adultos mayores que dependen exclusivamente de su pensión
para subsistir. Muchos de ellos abandonaron el país sin bienes ni ahorros accesibles,
tras la confiscación de propiedades o el congelamiento de cuentas.
En países
receptores como Costa Rica, Estados Unidos y España, los exiliados enfrentan
nuevos desafíos: costos de vida más elevados, dificultades para integrarse al
mercado laboral a edad avanzada y ausencia de redes familiares amplias.
La falta
de jubilación en Nicaragua, denuncian organizaciones civiles, obliga a estas
personas a depender de solidaridad comunitaria o apoyo de familiares, generando
precarización y vulnerabilidad.
Qué
significa esto para el sistema previsional
Más allá
del impacto individual, el debate sobre la jubilación en Nicaragua plantea
interrogantes estructurales sobre la sostenibilidad y credibilidad del sistema
previsional.
Si se
confirma un patrón de exclusión por razones políticas, el efecto podría
trascender el caso de opositores y afectar la confianza general en el sistema
de seguridad social. Los sistemas previsionales se sustentan en la premisa de
que las cotizaciones generan derechos exigibles independientemente de
coyunturas políticas.
En
escenarios hipotéticos futuros, expertos advierten que podrían presentarse
demandas internacionales o pronunciamientos de organismos multilaterales, lo
que incrementaría la presión diplomática sobre Managua.
Escenarios
posibles y dimensión internacional
A nivel
internacional, la situación podría escalar en foros de derechos humanos si se
acumulan denuncias documentadas. El precedente de desnacionalizaciones masivas
ya ha generado condenas diplomáticas.
Entre los
escenarios posibles —aún hipotéticos— se incluyen litigios ante instancias
regionales o negociaciones bilaterales para permitir mecanismos remotos de
cobro.
Mientras
tanto, los afectados continúan sin acceso efectivo a sus pensiones, en un
contexto que combina exilio, envejecimiento y restricciones administrativas.
Por Laura
Méndez | Editora Senior de Política Internacional | CRN Mundo | Ciudad de
Panamá
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